Mientras se aguarda el comienzo de las obras se continúa con la expropiación de terrenos

La concreción de este proyecto es uno de los requisitos que la finlandesa UPM puso al Gobierno uruguayo para la instalación de su segunda planta de celulosa en el país, lo que le permitirá a la empresa transportar su producción hacia la terminal portuaria montevideana para su salida al exterior.

Como hemos informado en anteriores ediciones, el proyecto consta de una planta con una zona franca, un proyecto ferroviario con 273 kilómetros de vías férreas que unirán Paso de los Toros y Montevideo y una terminal de acopio en el puerto de Montevideo. Esta segunda planta de celulosa tendrá una capacidad de producción de 2 millones de toneladas anuales y será más grande que las dos existentes en Uruguay, la cual supone la inversión privada más grande en la historia del país y se espera que pueda generar más de 8.000 puestos de trabajo. En caso de construirse, demandará al menos dos años de obras, por lo que no se inaugurará durante el actual período de gobierno.

La obra

El proyecto incluye vías secundarias para cruces de trenes, un nuevo acceso al puerto de Montevideo, refuerzo y construcción de puentes, viaductos y la reconstrucción de 24 estaciones y paradas.

También incluirá mejoras en la seguridad y los vallados, mantenimiento de la faja ferroviaria con sustitución de pasos a nivel, el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas.

En la interacción con las diferentes ciudades se construirán pasajes a desnivel (ferrocarril soterrado en trinchera) y en los cruces a nivel se colocarán sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros.

Las vías deberán tener la capacidad de soportar trenes que lleguen a una velocidad de 80 kilómetros por hora aunque el promedio será de 50 kilómetros por hora. Los ferrocarriles tienen que poder transportar hasta 22 toneladas por eje. Para ello se reforzarán los puentes grandes y medianos y los puentes pequeños se construirán nuevos.

Debate

Esta obra ha abierto un gran debate en torno a este tema ya que como todo proyecto tiene sus admiradores y sus detractores.

Para algunos es una oportunidad de inversión millonaria para el país que generará muchas fuentes de trabajo, que el ferrocarril renovado reducirá el tráfico, los accidentes, el destrozo de las rutas nacionales y además opinaron que durante la etapa operativa no tendrá mayores impactos; de hecho en el mes de noviembre un sondeo de opinión pública realizado por la encuestadora Cifra arrojó que el 88% de la población que reside en las zonas de impacto directo de la obra cree que el proyecto es beneficioso para el país.

En tanto para otros es una amenaza en cuanto a los potenciales riesgos de la obra para la población. Dentro de quienes se oponen enérgicamente al proyecto se encuentran los más de 35 mil vecinos en todo el país que se verían afectados por esta obra, no solo aquellos preocupados por su eventual impacto dada la cercanía de las vías férreas con sus viviendas, sino también aquellos que deben ser desalojados de sus viviendas. Asimismo al reclamo de vecinos de departamentos como Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó, se suman varios colectivos, entre ellos "Por el costado de la vía", el “Movimiento por un Uruguay Sustentable” (Movus) y “UPM 2 No”.

Según estos colectivos, todo el proceso del proyecto está plagado de incumplimientos, entendiendo que se están violando preceptos constitucionales como el derecho a la salud y a la vivienda.

Debido a la distancia entre las vías y las viviendas estos vecinos denuncian que se están expropiando padrones sin la habilitación ambiental, ya que ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ni el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizaron estudios estructurales en las residencias por la afectación de las vibraciones producidas por el paso del tren que realizará el recorrido varias veces por día, además del grado de afectación sonora, por lo que reclaman al gobierno la realización de estudios ambientales que evalúen los eventuales impactos negativos de la construcción y operación de los trenes.

Además sostienen que dichos trenes trasladarán celulosa y productos químicos con los riesgos que eso conllevaría, ya que según ellos cualquier accidente podría ser catastrófico, cuestionándose quien se hará cargo de las consecuencias en caso de que ocurra.

Asimismo los vecinos que se oponen al denominado "tren de UPM" también denuncian la falta de acceso a la información pública y la casi nula participación ciudadana en los proyectos.

Esta preocupación y molestia con el gobierno ha llevado a que los vecinos e integrantes de colectivos y organizaciones sociales se manifestaran con pancartas y carteles días atrás frente a las oficinas centrales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en rechazo al proyecto.

Para ello entregaron a dicho organismo un documento con más de diez carillas con una serie de denuncias e interrogantes sobre el proceso para la concesión del permiso ambiental para la concreción del proyecto de infraestructura.

También mantuvieron una reunión con autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) donde plantearon sus objeciones al proyecto dado que sus viviendas se encuentran muy próximas a las vías férreas.

Además analizan presentar una acción judicial contra el Estado porque creen que el proyecto vulnera sus derechos y no les garantiza las mínimas medidas de seguridad. Aún no está definido el tipo de recurso, podría ser una medida precautoria o un llamado a responsabilidad al Estado. También hay consenso entre los vecinos en llevar el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Indhh).

Vecinos de Los Manzanos afectados

El proyecto prevé una nueva vía doble entre Montevideo y Progreso pero aun no se sabe con exactitud realmente cuál será el impacto de la construcción de una segunda vía férrea y cómo afectaría a nuestra población.

Lo que sí es seguro es que se requerirá la expropiación de aquellos terrenos que invaden las franjas de las vías férreas, acciones que ya comenzaron meses atrás y que implicará las demoliciones de propiedades privadas y de AFE. En ese sentido ya fue cesado el comodato de la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Progreso que fue construida en el terreno del organismo y que será demolida y en los próximos días, se prevé también la expropiación de parte del espacio verde de San Pedro, pero los vecinos más afectados serán los del barrio Los Manzanos, cuyas viviendas se encuentran construidas a escasos metros de la vía férrea, y en su mayoría ya fueron notificados de su inminente desalojo.

Carlos Sosa (67), es uno de los vecinos afectados por el nuevo trazado de la vía ferroviaria. Vive en el barrio Los Manzanos, su terreno lo adquirió en el año ´92 luego de comprar el derecho de ocupación y posteriormente se fue a vivir allí donde construyó su humilde vivienda a pocos metros de la vía férrea.

Debido a que su techo comenzó a deteriorarse al punto que se llovía, sumado a las constantes vibraciones del tren, hicieron que Carlos y su familia hace cinco años atrás comenzaran a construir con mucho sacrifico otra casa delante de la misma (a unos 18 metros de la vía), la cual también deberá ser demolida sin ni siquiera haber podido culminarla y estar pagando aun las cuotas de los materiales.

Días atrás Carlos fue notificado de que debía abandonar su vivienda por lo que se encontraba muy molesto y preocupado, más aun teniendo en cuenta que recibe una pensión por estar incapacitado para trabajar por problemas de salud. Según reveló Carlos, en esa zona son seis las familias que deberán ser desalojadas, cuyos terrenos pertenecen a un mismo dueño.

Según nos informó, en los próximos días le tasarán su vivienda y le otorgarán el dinero correspondiente; mientras tanto está a la espera de que le informen cuándo deberá abandonar su vivienda definitivamente, sin saber cuál será su futuro ya que no tiene a dónde ir; una vez que lo hagan tendrá como plazo un mes para desalojar la misma.

En dialogo con Carlos nos cuenta cómo sobrelleva esta difícil situación.

“Nos tenemos que ir de acá definitivamente…”

P.al Día- ¿En qué situación se encuentra actualmente?

Carlos Sosa- Los del MTOP estuvieron tomando medidas hace un tiempo, hemos tenido reuniones con abogados y autoridades de AFE donde nos hicieron firmar un documento para cobrar por el terreno porque nos tenemos que ir de acá definitivamente. Nos dijeron que iban a hacer una expropiación porque precisaban el terreno y que iban a pagar lo que valiera la vivienda.

“Estamos muy preocupados y molestos…”

P.al Día- ¿Cómo tomaron esta noticia?

Carlos Sosa- Estamos muy preocupados y molestos. Tenemos un rancho al fondo que está a escasos metros de la vía y como se nos empezó a llover y vibra tanto por el tren hace cinco años comenzamos a edificar con mil sacrificios esta casa que está a unos 18 metros de la vía que ni siquiera la terminamos de hacer. Cuando tuvimos esa reunión hacía quince días que habíamos puesto el techo que nos salió 18 mil pesos a pagar en cuotas. 

P.al Día- ¿Ya tienen un plazo estipulado para abandonar la vivienda?

Carlos Sosa- No, estamos a la espera de que vengan a tasarla. Luego de eso tienen que darte al menos un mes para desalojar.

“Solo pedimos que se nos devuelva lo que gastamos en la inversión del terreno y de esta nueva casa…”

P.al Día- ¿Por tanto aun no saben cuanto dinero recibirán por la misma?

Carlos Sosa- Así es, todavía no sabemos cuanto dinero nos van a dar; solo pedimos que se nos devuelva lo que gastamos en la inversión del terreno y de esta nueva casa que construimos o que nos den una vivienda porque no tenemos a dónde ir. Según el MTOP no hay alojamiento para nadie.

P.al Día- ¿Usted es jubilado?

Carlos Sosa- Yo estoy con una pensión porque estoy incapacitado para trabajar y la persona que vive conmigo es hipertensa y diabética y por intermedio del MIDES le dieron asistencia a la vejez.

P.al Día- ¿Es propietario de este terreno?

Carlos Sosa- Este terreno que va hasta la parada de ómnibus es de un mismo dueño y viven seis familias; yo compré el derecho de ocupación. Ese propietario es el que va a cobrar 702 unidades reajustables y como es fallecido lo va a cobrar un familiar de él que vive más arriba y después esa persona lo reparte entre todos porque cada uno compró su parte.

P.al Día- ¿Les informaron cuántos metros necesita expropiar el Estado para llevar a cabo el proyecto en esta zona?

Carlos Sosa- Ellos nos dijeron que necesitan 18 metros, sin embargo la casa de nuestro vecino que vive pegado a nosotros supuestamente no la van a tocar y está a la misma distancia de la vía que nosotros y no entendemos por qué...  

“Mucha gente va a quedar fuera de sus hogares tirada en la calle...”

P.al Día- ¿Están de acuerdo con este proyecto?

Carlos Sosa- No, porque mucha gente va a quedar fuera de sus hogares tirada en la calle. Nadie quiere irse y perder lo poco que tiene. Además las fuentes de trabajo que va a generar esta planta son pocas. Acá hay muchas familias con niños y a dónde va a ir toda esa gente.

P.al Día- ¿Les gustaría seguir viviendo acá sabiendo que la frecuencia de trenes aumentará notoriamente al igual que las toneladas y la extensión del tren?

Carlos Sosa- Sí, porque ya nos acostumbramos a las vibraciones.

P.al Día- Hay colectivos que están luchando para que este proyecto no se concrete, ¿ustedes tienen la esperanza de que eso suceda?

Carlos Sosa- El proyecto va a hacerse igual porque el Frente Amplio gobierna en forma dictatorial, lo mismo pasó con la inclusión financiera. Son ellos los que mandan, te imponen todo. Además ya se negoció y no van a dar marcha atrás porque de lo contrario la multa les va a salir carísima.

P.al Día- Muchas gracias por su testimonio…

Carlos Sosa- Gracias a ustedes.