Además, manifestamos nuestra preocupación por algunos anuncios de las autoridades entrantes y por el contexto actual en el que nos encontramos. En este sentido, nuestra filial se propone comenzar un proceso de discusión al respecto y comunicar a la comunidad algunos de los puntos que comprendemos que colocan a la educación en un potencial riesgo.
Dentro de los puntos que nos preocupan se encuentran:
• El apoyo recibido durante la campaña electoral del proyecto de EDUY21 de carácter antidemocrático, autoritario y privatizador.
• Los anuncios del futuro gobierno y los acuerdos de la coalición que parecerían expresar grandes retrocesos a los derechos que los trabajadores y las trabajadoras hemos alcanzado en este último tiempo.
• El mecanismo elegido por el futuro gobierno para implementar estos supuestos cambios, el mismo consiste en una ley de urgente consideración la que presenta plazos acotados para su discusión en relación a su extensión.
• La eliminación de artículos que se relacionan con la extensión del tiempo pedagógico para el medio rural, la atención a los estudiantes con discapacidades y de aquellos estudiantes con dificultades en términos laborales.
• La eliminación de la obligatoriedad de la educación inicial, según el proyecto la misma sería obligatoria a partir de los 4 años.
• La potencial lesión que podría sufrir la autonomía de la ANEP otorgándole preeminencia al MEC respecto a ella.
• La posible eliminación de los consejos desconcentrados sustituyéndolos por gerentes generales.
• El ataque a algunos aspectos de la ley orgánica de la UDELAR y su retiro de algunas comisiones de las que forma parte hoy por hoy.
• La posible desaparición de la representación de los trabajadores y las trabajadoras en el CODICEN, en este sentido la misma podría ser eliminada o convertida en algo casi testimonial.
• El ataque a la libertad de cátedra, pilar histórico para el conocimiento democrático y el ejercicio plural del proceso enseñanza – aprendizaje.
• El uso tendencioso de la laicidad para imponer el miedo en el colectivo docente de forma de facilitar la imposición de un proyecto del tipo conservador.
• El ajuste económico propuesto que reducirá la inversión estatal, esto perjudicará sin dudas a la educación pública, ya que abrirá las puertas a una mayor privatización y mercantilización ante la falta de recursos.
• La precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación mediante el cambio unilateral del estatuto docente, la aplicación de estatutos paralelos y la facultad discrecional de las direcciones liceales para la elección de los equipos docentes bajo el manto de la “autonomía de centro”.
Reafirmamos desde nuestra filial el compromiso con la defensa de una educación pública, democrática y democratizadora y nuestro combate contra la privatización y mercantilización de la educación. Del mismo modo reivindicamos la libertad sindical y las condiciones dignas de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras de la educación y para los estudiantes.
