Facúltese a la Dirección General del Registro del Estado Civil a suscribir los convenios que entienda oportunos a los efectos de la prestación de dicho servicio. Deróguese el artículo 546 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 184 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018…”.
En ese marco, Sergio Omar Gallo, conocido popularmente como “Gallito”, ex funcionario judicial jubilado desde 2015, explicó la gravedad y el alcance que tiene este artículo: “Lo que plantea este artículo es sacar los registros civiles del Juzgado de Paz pero como la medida no tiene costos presupuestales asociados no van a crear una oficina de registro civil, ni funcionarios, no van a alquilar locales, entonces en nuestro caso los habitantes de Progreso y zonas aledañas que quieran casarse, anotar a sus hijos, poder reconocerlos o hacer una inscripción tardía, tendrán que trasladarse hasta Las Piedras o a Colón con todo lo que eso implica…”, declaró Gallo en el programa que se emite por la radio comunitaria local “La City” (105.3).
“Este artículo que ha pasado desapercibido y que tiene un alcance nacional afecta al ciudadano que necesita de un servicio en su jurisdicción y no lo va a tener. Retirar una oficina que cumple una función social es una mutilación. Están causando un gran perjuicio a la gente y el costo social que implica esta medida no se toma en cuenta; hay localidades pequeñas del interior del país donde al sacar la oficina de registro civil se cierra el Juzgado. Yo ya estoy jubilado pero a mí nunca me gustaron las injusticias y esto es una injusticia social que afectará a todo el país a partir del 1º de enero…”, agregó. Esto además se suma a la problemática de la escasez de servicios que existen en la zona, como una sucursal bancaria, cajeros automáticos y oficinas estatales.
Acerca de cuáles serían las posibles soluciones al respecto, Gallo explicó: “O derogan ese artículo de la ley de presupuesto que es lo más sensato y se termina el problema o de lo contrario hacen un anexo a ese artículo en el cual establezcan a texto expreso que no se retirarán de las sesiones judiciales en la que están emplazadas las oficinas de registro civil, creándose a tales fines una oficina con un oficial de registro de estado civil y un funcionario…”.
Según “Gallito” este artículo ya está aprobado en comisión y una vez se apruebe en diputados y en senadores entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2021: “La gente va a tener que reclamarle a los legisladores que les dieron el voto sean del partido que sean y que expliquen por qué se va a tomar esta medida. Hay que difundir esta noticia y advertir a la gente de a pie los perjuicios que va a causar…”, concluyó.
Por ultimo el ex funcionario judicial recordó que en el año 2004 existió la intención de parte de las autoridades de retirar el Registro Civil de Progreso a raíz de la creación del Registro Civil en la ciudad de Las Piedras que abarque La Paz, Las Piedras, Progreso, Canelón Chico y El Colorado pero integrantes de las fuerzas vivas se movilizaron en rechazo a la medida y la misma no prosperó. Según él esta vez la historia se repite pero magnificada porque esta medida va a afectar a todo el país.
