En la misma la SCJ argumenta que la medida estuvo motivada “en el déficit presupuestal generado a este Poder del Estado desde el año 2005, que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros, etc.) y que ha requerido una continua política de abatimiento de costos”.

Asimismo argumenta que la Suprema Corte de Justicia “se ve en la necesidad de aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género (Ley Nº 19580)”.

Al conocerse esta noticia muchas voces se alzaron cuestionando la medida, incluso legisladores de todos los partidos solicitaban la presencia en el Parlamento de los integrantes de la SCJ.

La alarma pública generada por la medida llevó a la SCJ a tomar rápidamente una nueva resolución, la cual consistió en dejar en suspenso la medida y abrir una instancia de dialogo con el Poder Legislativo y Ejecutivo, en la búsqueda de los recursos presupuestales necesarios para mantener en funcionamiento las distintas sedes judiciales.

Una vez conocida la noticia, la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) elaboró un comunicado manifestando su total rechazo a dicha resolución, tanto por razones de forma, como de fondo, argumentando que se realizan cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al Gremio que los representa.

Progreso al Día dialogó con los integrantes de la AFJU Jorge Maldonado, Patricia Hernández, Pilar Igoa y Laura Gómez, quienes están realizando un recorrido a nivel nacional por los juzgados que estaban bajo la amenaza de cierre.

“Cerrar un juzgado significa alejar a la gente de la justicia…”

P.al Día- ¿Cuál es el objetivo de este recorrido que la AFJU está realizando a nivel nacional?

Jorge Maldonado- El objetivo es hacer conocer a la comunidad la decisión de la SCJ, la cual quedó en suspenso, de cerrar 20 sedes judiciales en todo el país en forma simultánea, entre ellas Progreso. Es una decisión que nosotros no compartimos porque cerrar un juzgado significa dejar lejos a la gente de la posibilidad de un recurso de justicia, como puede ser un caso de violencia domestica, de vecindad, de mediación, por lo que la persona se tiene que trasladar 20, 30 o 60 Km. sin importar si hay locomoción o si hay horarios de frecuencia adecuada.

Pilar Igoa- La mayoría de todos los juzgados que se plantearon cerrar es el lugar donde las mujeres victimas de violencia doméstica acuden en primera instancia a hacer la denuncia, consultar o asesorarse entonces si esos lugares están alejados donde personas de recursos económicos escasos no pueden llegar fácilmente se van a dejar de hacer denuncias y sabemos que en el interior profundo las situaciones de violencia doméstica son muchas y muy complejas porque es difícil que las personas hagan un proceso y decidan denunciar; entonces si en el momento que decide hacerlo no tiene las posibilidades es un perjuicio para esa mujer.

“La Justicia es un derecho, no un servicio…”

P.al Día- ¿A qué se debe esta medida que tomó la SCJ?

Jorge Maldonado- La SCJ reconoció en la comisión de Constitución y Códigos que era un tema netamente económico pero entendemos que eso no debe ser así porque para nosotros la Justicia es un derecho, no un servicio y además no se tuvo en cuenta los aspectos humanitarios que esta medida implicaba.

En función de la presión social que la medida generó habían aparecido ámbitos de dialogo con el Poder Ejecutivo y Legislativo y la SCJ sacó inmediatamente una resolución dejando en suspenso esta medida. Esto se viene desarrollando desde hace muchos años cerrándose sedes judiciales de segunda categoría pero esta medida implicaba cerrar juzgados de primera categoría en las cuales hay poblaciones muy numerosas donde las distancias son considerables, de hecho Canelones se transformaba en una comunidad geográfica de cuatro sedes judiciales, lo cual era una cosa impensada en vista de la cantidad de población, las distancias y la locomoción.

P.al Día- ¿Qué medida tomó al respecto al AFJU?

Jorge Maldonado- Esta Acordada de la SCJ publicada en el portal del Poder Judicial no fue consultada con ningún gremio, partido o autoridad por tanto nosotros comenzamos una campaña de recolección de firmas a través de la cual le pedimos el apoyo a la comunidad en rechazo a la resolución de la SCJ para que se presente ante el Parlamento Nacional y que las autoridades competentes tomen medidas al respecto.

Obviamente que también nos preocupan los funcionarios porque afecta las fuentes laborales pero lo que más nos inquieta es el impacto que genera en la sociedad en su conjunto; ese es el mensaje que queremos dar y por eso impulsamos esta campaña de recolección de firmas en contra de esta medida.  

P.al Día- ¿Cuáles son los plazos para entregar las firmas?

Jorge Maldonado- Nosotros estamos dejando en el Juzgado una planilla para que la gente acompañe la iniciativa y firme lo más rápido posible. Hoy se está negociando a nivel de Parlamento pero queremos hacer sentir la voz de la sociedad.

“Ellos mantienen su idea de manejar desde Montevideo a todo el país y obviamente nosotros no lo compartimos…”

P.al Día- ¿Además de la recolección de firmas tienen pensado llevar adelante otra medida?

Jorge Maldonado- Por el momento es hablar con la SCJ, de hecho hemos tenido algunas instancias donde le hemos pedido que salga a recorrer los juzgados pero no hemos recibido una respuesta con la que estemos en consonancia; ellos mantienen su idea de manejar desde Montevideo a todo el país y obviamente nosotros no lo compartimos. El primer objetivo a corto plazo es poner el tema arriba de la mesa y ver cuál es la justicia que queremos.  

P.al Día- También se pretende sacar el Registro Civil de los Juzgados y que pase a la orbita de los municipios, ¿qué opinión tiene la AFJU al respecto?

Pilar Igoa- La tarea del Registro Civil fue siempre fundamental pero que si bien fue encomendada al PJ es responsabilidad del MEC, entonces está bueno que el ministerio pueda hacerse cargo. Creemos que también para eso deben ser consultadas las autoridades en cada lugar de cómo se resuelve eso porque puede haber lugares donde haya juzgados que se hagan convenios y puedan hacer la tarea del registro civil. Hay que solucionar y ver la situación particular en cada localidad.   

“Nuestra intención es que la sociedad civil y el sistema político en general pueda discutir qué clase de Poder Judicial queremos…”

P.al Día- ¿Algo más que quieran agregar?

Pilar Igoa- Si bien la SCJ dejó en suspenso esta medida el tema está latente entonces no queremos dejar pasar esta oportunidad y nuestra intención es que la sociedad civil, los trabajadores, los usuarios y el sistema político en general podamos discutir qué clase de Poder Judicial queremos y que sea un derecho para la población además de un servicio.  

A continuación compartimos textualmente el comunicado redactado por la AFJU donde deja expresado claramente su postura respecto a la medida:

“Esta Asociación de Funcionarios Judiciales tomó conocimiento a través de la publicación en el portal institucional, de la Ac. 8119 de fecha 12/8/2021 por la cual la SCJ suprime 20 sedes judiciales en el interior del país a partir del 1ro de octubre.

Ante esta situación manifestamos nuestro TOTAL RECHAZO a dicha resolución, tanto por razones de forma, como de fondo.

Se realizan cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al Gremio que los representa.

No encontramos razones más que aquellas de índole económico, ya que no se tiene en cuenta si las sedes que permanecen están cerca de otros servicios públicos, si tiene lugar para albergar más funcionarios, etc. No se toma en cuenta el acceso a las sedes que permanecerán, existencia y frecuencia de transporte, lo que afecta tanto a funcionarios como a más de 100 mil personas.

Nos preocupa la situación de los compañeros judiciales que deberán trasladarse, los magistrados que quedan sin destino y fundamentalmente la posibilidad de acceso de la población, a la Justicia.

Durante todo este especial año de emergencia sanitaria, la SCJ ha tomado resoluciones erráticas, sin tomar en cuenta a los trabajadores ni a la población usuaria del servicio de Justicia. Resoluciones tomadas desde un escritorio, lejanas a la realidad de las oficinas y en este caso de las poblaciones que van a ser afectadas con el cierre de estas sedes se resuelve cerrar juzgados que se encuentran, unos en lo más profundo del Uruguay, otros con cantidad importante de habitantes y otros en los límites fronterizos de nuestro país. En este último caso, desprotegiendo a la nación de los peligros que este retiro de la autoridad civil conlleva.

Esta resolución burocrática no toma en cuenta la vinculación que se genera en las comunidades con los juzgados, donde la relación es de confianza y de garantías en situaciones extremas. No olvidemos que estos juzgados actúan en primera instancia en las situaciones de violencia doméstica y de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en más de una ocasión se dirimen incluso conflictos de vecindad.

Se suprimen puestos de trabajo en pequeñas localidades, ocasionando un fuerte impacto para sus habitantes, sobre todo en la situación de desempleo que vive nuestro país.

Toda esta realidad desnuda el poco conocimiento que tienen los ministros y ministras de la SCJ de las sedes que están suprimiendo y de las comunidades que están afectando. Alejar 40, 50 km. y en algunos casos más, la autoridad civil de las personas, es alejar la posibilidad a una madre de denunciar una situación de violencia hacia ella y sus hijos, es alejar la intervención de una parte fundamental del Estado, el Poder Judicial.

Para la AFJU es preocupante que la SCJ sea incapaz de percibir el menoscabo de autoridad, que coarta el acceso al servicio de justicia del Poder Judicial, pilar de la Democracia.

En el día de hoy hemos pedido una entrevista a la SCJ con carácter grave y urgente e instamos al Parlamento Nacional a proveer los recursos presupuestales necesarios para revertir esta situación y evitar que se sigan cerrando juzgados.

El presupuesto del Poder Judicial es sinónimo de calidad de justicia.

CONSEJO EJECUTIVO DE AFJU.”